LA CÁMARA ACABA DE RATIFICAR EL DICTAMEN DE RECHAZO AL APE. PRÓXIMO PASO, LA QUIEBRA.

Estimados
Quien necesite el texto completo me lo solicita x mail.

Copio parte de la resolución:

“2. Resulta relevante apuntar que por escrito de fs. 47.552 “Hope Funds SA” desistió del recurso de apelación oportunamente interpuesto, consintió el pronunciamiento de la instancia anterior y desistió de manera incondicional de la acción que diera origen a las presentes actuaciones.

Frente a ello, resulta abstracto el tratamiento en esta sede de las quejas vertidas en su hora; solución compartida por el Ministerio Público Fiscal (v. fs. 47.560 in fine/vta.).

En relación al desistimiento de la acción formulado, considera este Tribunal que el mismo resulta extemporáneo. Ciertamente, el ordenamiento procesal habilita el desistimiento “en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia” (arg. art. 304 CPCC, aplicable por reenvío del art. 278 LCQ ante la falta de norma específica dentro del capítulo 7° del Título II de la Ley 24.522) circunstancia que aquí no se verifica puesto que el decisorio que rechazó la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial adquirió firmeza con el desistimiento del recurso impetrado por el único legitimado para cuestionar su reversión: la sociedad apista.

Lo dicho con anterioridad se entronca directamene con la suerte adversa que merece la apelación planteada por Daniel Aldo D’Agostino quien pretende la apertura a prueba de estos obrados y la eventual homologación del APE.

Desde este abordaje, si el interés para obrar es el que justifica el derecho al recurso, debe interpretarse que es ineficiente la pretensión de D’Agostino en tanto no puede arrogarse mayores derechos que los que le conciernen personalmente. Y en esa tónica, no pueden desatenderse los efectos que proyectan entre los contratantes la suscripción de un convenio como el de fs. 143/44 (art. 71 LCQ y 959 CCyCN). Y para reforzar la directriz legal, expresamente se estipuló: “...en el supuesto de no producirse la homologación por cualquier causa ajena a las partes, el presente convenio o los que sean su consecuencia, mantendrán su validez tanto para el deudor como para el acreedor, quienes no podrán solicitar la quiebra y mantendrán su intención de contribuir a la superación de las dificultades económico financieras del deudor y la atención integral de las obligaciones a favor del acreedor por todos los medios legales a su alcance y con todos los bienes que integran su activo...” (v. fs. 143/44, reservado en sobre 1792/2017).

Se sigue de ello que mal podría provocarle agravio personal la circunstancia de que el acuerdo no sea oponible al resto de los acreedores del apista. Asimismo, la crítica formulada sobre la falta de sustanciación de las oposiciones resulta insustancial puesto que el propio ordenamiento en la materia no la prevé (art. 75 LCQ, t.o. Ley 25.589).”

“...Así las cosas, la medida se revela impertinente en esta causa, al menos desde lo procesal, cuando pretende alcanzar a un sujeto extraño al proceso, tal el fiduciario del fideicomiso “Verazul” (conf. mutatis mutandi, esta Sala, 1/3/2018, “Agüero, Pablo Manuel y otro c/Hope Funds SA s/ordinario”, expte. COM21625/2017).

Y es que la inhibición general de bienes que podría pesar sobre Hope Funds SA y la cual es dable inferir a partir del sinnúmero de causas penales en trámite (según informe de fs. 47.539/47.549) previene suficientemente cualquier posibilidad de concretar actos de disposición por parte de la deudora.”

“5. Corolario de lo expuesto, se resuelve: (a) tener presente el desistimiento del recurso impetrado por Hope Funds SA en fs. 44.344, con costas (art. 73 CPCC), (b) desestimar el recurso de Daniel Aldo D’Agostino, con costas (art. 68/9 CPCC) y (c) desestimar la apelación de los Sres. Pereira y Tambutti, con costas (art. 68/9 CPCC).

En atención a la denuncia formulada por el Ministerio Público Fiscal, dése la intervención pertinente a la Inspección General de Justicia a cuyo fin líbrese oficio al que se acompañará copia del dictamen de fs. 47.552/47.585.

Notifíquese a la deudora, a los recurrentes y a la Sra. Fiscal General (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1°, N° 3/2015 y N° 23/2017). Fecho, remítase a la instancia de grado, requiriendo se arbitren allí los medios pertinentes para la devolución de la documentación original a quienes la han solicitado en esta sede mediante escrito.”