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Por tercera vez, rechazan excarcelar a Enrique Blaskley, "el Madoff argentino"
El extitular de la empresa Hope Funds está acusado de asociación ilícita, estafa y lavado de activos agravado.
Blaskley lleva dos años y seis meses detenido, y su defensa argumentó que la situación provoca perjuicios a sus seis hijos y que, desde el inicio del aislamiento por el Covid-19 en la cárcel, cuenta con un teléfono celular para comunicarse con su familia vía Skype.
El Tribunal remarcó que siguen vigentes los argumentos por los cuales se negó el cese de su prisión preventiva o su morigeración en dos oportunidades anteriores, el 7 de abril y el 13 de agosto.
Blaskley contaría con "liquidez por fuera de su universo económico conocido" y hay riesgo de "maniobras para eludir embargos", sostuvieron los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Néstor Costabel.
Los magistrados realizaron la llamada instrucción suplementaria preparatoria del juicio oral, para lo cual habilitaron por orden de la Cámara Federal de Casación la feria extraordinaria por el coronavirus, y ahora deben poner fecha para el inicio del debate.
"Corresponde recordar que en el marco de la presente causa se ventilan importantes maniobras presuntamente perpetradas por numerosos imputados -elevado a juicio por dieciséis personas- en distintos países y continentes", destacaron al negarse a liberar a Blaskley.
El empresario quedó procesado a raíz de denuncias de damnificados en lo que, según reconstruyó la Justicia, se trató de una estafa piramidal al estilo del caso "Maddof" en Estados Unidos.
El exdueño de Hope Funds habría actuado a través de "sospechadas estructuras organizadas y entramados empresariales y financieros de carácter transnacional, en el cual se investiga un perjuicio económico de inusitada magnitud", remarcó el Tribunal.
Blaskley está procesado por 318 casos de estafas reiteradas calculadas en 184 millones de pesos, captación de ahorro del público no autorizada agravada por haber sido cometida mediante oferta pública, lavado de activos agravado por su origen delictivo y jefe de asociación ilícita.
El abogado del acusado, Mariano Varela, argumentó que no habría peligro procesal en lo referido a un eventual acceso a internet para desviar fondos en caso de quedar libre, porque Blaskley ya cuenta con acceso en la cárcel desde el inicio del ASPO sin que haya cometido ninguna de estas maniobras.
El Tribunal sostuvo que el acceso de los reclusos a dispositivos electrónicos e Internet para comunicase con las familias en esta "circunstancia excepcional" es monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal.
