En la misma línea, Blaksley Señorans aparece vinculado a "The Panamera 20 E Properties Corp", y otras en las que sólo cambiaron el número o la letra en cada una: "The Panamera 20 G Properties Corp" y también "22 B", "22 G", "23 G", "24 A", "24 C", "24 E" y "24 G", para comprar inmuebles a un costo promedio de US$ 260.000 cada uno, mediante operaciones con el Banco Transatlántico de Panamá.
La misma práctica se repitió con los nombres de otras sociedades, como "Le Mare 21 B Properties Corp", "47B", "30B" y "31B", y "23 MarketSite Tuits Investments Corp", que también aparece con los números "24" y "25". A ellos se añaden "Serenity 33 B Properties Corp" y "80 MarketSite Office One Corp", y otras dos entidades en Nueva Zelanda, con forma de "trust": "Bailsworth International Limited y Spring Fest Holding Limited".
Causa argentina
No fue por ninguna de esas sociedades, sin embargo, que la jueza federal con asiento en San Isidro Sandra Arroyo Salgado llamó a indagatoria a Blaksley Señorans en septiembre pasado. Fue por Hope Funds, su empresa más conocida en la Argentina, con domicilio en la calle Sarmiento 643 de Buenos Aires, que también aparece en la firma offshore Twist Business Center.
Arroyo Salgado decidió indagarlo apoyada en las investigaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectaron movimientos sospechosos o inconsistentes.
Así, por ejemplo, la AFIP detectó que Hope Funds habría recibido fondos de personas que en los registros oficiales aparecen sin capacidad patrimonial para justificar esas inversiones y en otros casos no habían reportado esas inversiones en sus declaraciones juradas tributarias. De hecho, según los sabuesos, sólo tres de sus 531 clientes analizados estaban en regla.
Por su parte, el entonces titular de la Procelac Carlos Gonella detalló que a menudo Hope Funds recibía "importantes sumas" de sus clientes "mediante un único desembolso de dinero en efectivo", lo que ejemplificó con el caso de un aportante que "sin contar con ingresos legítimos que lo justificaran habría entregado a la firma la suma de 17.450.000 pesos".
Para cuando la AFIP y la Procelac emitieron sus informes sobre Blaksley Señorans, sin embargo, ya habían sonado las alarmas dentro de Mossack Fonseca ante el potencial daño reputacional. Ocurrió en 2010, cuando el estudio jurídico detectó que la Superintendencia de Seguros de la Nación había suspendido y luego hecho caducar la licencia de Blaksley como productor asesor de seguros.
Desde Mossack Fonseca le escribieron en diciembre de ese año al colaborador del empresario, Carozzino, para "completar" lo que definieron como "el expediente de «debida diligencia»", y le adelantaron que le agradecían "su cooperación en este asunto", que definieron como "importante".
Casi dos años después, Mossack descartó la alerta y siguió adelante con sus gestiones. Así se lo informó a Carozzino en octubre de 2012, al "informarle que luego de realizar las búsquedas pertinentes del Sr. Enrique Juan Blaksley no se encontraron resultados negativos al respecto".
Seis meses después, sin embargo, el 27 de mayo de 2013, se registró un cambio sintomático en casi todas las firmas offshore. Renunciaron Blaksley, su esposa y Carozzino como directores, y los reemplazaron prestanombres.
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